El Gobierno de Javier Milei ha reestructurado el sistema tributario, reduciendo la recaudación estatal y pasando un 3% del PBI en costos fiscales netos este año, con proyecciones de hasta 4,7% para 2027. Estas cifras, analizadas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, coinciden con las declaraciones del presidente y reflejan la transferencia de recursos al sector privado.
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei ha impulsado una serie de cambios en el sistema tributario que han llevado a que el Estado reciba cada vez menos ingresos y a que más recursos permanezcan en manos del sector privado. Estas medidas están destinadas a aliviar la carga fiscal sobre las empresas y los consumidores. El objetivo ha sido claro: aumentar la actividad económica reduciendo la intervención estatal.
Según estimaciones, el costo fiscal neto de estas modificaciones se sitúa en el 3% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año en curso, con proyecciones de que podría subir hasta el 4,7% hacia finales de 2027. Esta cifra refleja la reducción de la carga tributaria que el Estado está asumiendo frente a la economía nacional. El impacto se mide en términos de recursos que no llegan a los cofres estatales y que se quedan en la economía privada.
El dato proviene de un informe elaborado por Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Argañaraz explicó que su objetivo fue 'cuantificar' la transferencia de recursos del Gobierno a los privados a partir de las reformas tributarias de los últimos años. A pesar de la ausencia de registros oficiales, las proyecciones coinciden con declaraciones recientes del propio presidente.
Hace dos semanas, Milei sostuvo en una entrevista con Luis Majul en LN+ que cumplió todas sus promesas de campaña, especialmente en materia tributaria, diciendo: 'Bajamos los impuestos tres puntos del PBI. Nunca pasó en la Argentina'. En el primer año de su mandato, la recaudación aumentó un 0,34% del PBI, gracias a las subas del impuesto PAIS y al impuesto a los combustibles, que compensaron la caída de Bienes Personales.
En 2025 se produjo un vuelco, con una pérdida neta de recursos para el Estado equivalente al 1,69% del PBI. De las diez modificaciones aplicadas al régimen impositivo, siete fueron reducciones. Esta caída se explicó principalmente por el fin de la aplicación de ciertos gravámenes que había estado en vigor.